“Los que hemos estudiado estos problemas y asumido frente a ellos una actitud pública, no podemos callar, sin violar deberes que nos impone nuestra propia conciencia y sin correr el riesgo de aparecer como encubridores.” Jorge Del Río
En la década del 45′-55′, el GOBIERNO JUSTICIALISTA avanzó hacia un proceso profundo de nacionalización y planificación estatal del SISTEMA ENERGÉTICO en función del DESARROLLO INDUSTRIAL y la DIGNIDAD HUMANA en el territorio. El gobierno de Juan Domingo Perón comprendió que la ENERGÍA era «madre de industrias», por lo que sólo la SOBERANÍA ENERGÉTICA nos conduciría a una verdadera independencia económica. En esta dirección, promovió el control del estado en la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gasífera. Se crearon las empresas «Gas del Estado» y «Aguas y Energía Eléctrica» (AyE), y la Empresa Nacional de Energía (ENDE) que, coordinando las dos anteriores con YPF y otras dependencias del sector, ejecutó los objetivos generales de los Planes Quinquenales en materia energética.
Tras el golpe de estado de 1955, se emprende un proceso de EXTRANJERIZACIÓN del sector, abriendo las puertas a empresas de capital foráneo, desregulando el mercado y desfinanciando las empresas del Estado. Más en grandes rasgos, la estructura energética del Estado argentino no fue profundamente modificado. Esa tarea estaría reservada para los gobiernos neoliberales quienes, tras el golpe de 1976, descuartizaron el sistema energético nacional, extranjerizando los servicios, privatizando el transporte y la distribución de energía y disolviendo los resortes clave del Estado en el sector. Empresas tales como AyE, S.E.G.B.A. (CABA y PBA), Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE), Gas del Estado, Hidroeléctrica Norpatagónica (HIDRONOR), YCF, YPF entre otras, fueron privatizadas, sino completamente disueltas. De esta manera, decenas de miles de trabajadoras y trabajadores quedaron en las calles de una Nación que había entregado su soberanía energética al extranjero.
No será sino a partir del año 2004 que el Estado volverá a retomar el rumbo de una política autónoma en materia energética. Lo hizo a través del PLAN ENERGÉTICO NACIONAL (PEN) -ideado por el entonces presidente Néstor KIRCHNER y el ministro Julio DE VIDO- el cual avanzó hacia una planificación verdaderamente Nacional Popular de la Energía. El objetivo central fue lograr el desarrollo de una verdadera Soberanía Energética capas de impulsar el desarrollo pleno de la industria creciente en pos de la dignificación de la Nación, de cada provincia, de cada compatriota. De esta manera, el Estado logró abastecer a la creciente demanda (60,4%) de nuevos usuarios de servicios de gas y electricidad, se construyeron más de 10 mil Km de gasoducto para el mercado interno, 5.800 Km de líneas de Alta y Extra-Alta Tensión, se aumentó la potencia del parque de generación en más de un 50%, se incorporó a casi 10 mil hogares al servicio de gas por redes y electricidad, se incrementó la demanda de energía de usuarios comerciales, industriales y residenciales en más de un 60%, provincias que jamás habían estado conectadas al servicio de gas por redes pudieron acceder al mismo, se construyeron inmensas obras de infraestructura tales como Atucha II, Yaciretá, entre otras. En fin, se logró SOBERANÍA.
Tras el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones nacionales del 2015, el gobierno de la oligarquía emprendió la contrarrevolución energética más profunda jamás vista en el país desde la «Ley Dromi». A través del Decreto 134/2015, el ministro Aranguren -(Ex) CEO de SHELL y verdadero agente de la Corona Británica en el Plata- avanzó, montado en un conjunto de zonceras de las cuales la de las «tarifas regaladas» fue tristemente célebre, hacia el desmontaje de las conquistas del PEN. Se eliminaron los subsidios a la distribución, se elevaron brutalmente los precios del Mercado Eléctrico Mayorista y se llevó el precio de las tarifas residenciales, comerciales e industriales a cifras siderales. De esta manera, la POBREZA ENERGÉTICA (prácticamente eliminada entre el 2004-2015) creció aceleradamente, centenares de persianas cerraron al verse imposibilitados de pagar las tarifas, el Pueblo debió elegir «entre comer o pagar la luz/gas». En este rumbo, se abandonaron las obras -llamadas «faraónicas» por los actuales funcionarios del MINEM- de generación de energía, disminuyó considerablemente el consumo de energía en hogares de todo el país. Se paralizó el desarrollo de la energía nuclear, se frenó la producción de crudo, privilegiando la importación del mismo a través de empresas ligadas al flamante ministro de energía.
Esta pequeña reseña es absolutamente insuficiente para informarle a las y los compatriotas cuan grande es el daño que esta cartera empresarial que hoy se hace llamar «Ministerio de Energía» le ha provocado al país. En los últimos días, se dio a conocer el DECRETO 882/2017, el cual amenaza con la privatización y posible extranjerización de los principales resortes del Estado en materia energética. Grandes CENTRALES TERMOELÉCTRICAS, obras energéticas en proceso de construcción, CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, sistema de transmisión en Extra Alta Tensión. Todo sometido a una cada vez menos disimulada privatización a manos del Capital extranjero.
Desde los orígenes de nuestra Patria, DOS PROYECTOS de Nación se debaten en una lucha reñida: “Dos ‘Argentinas’ que no pudieron comprenderse, que fueron antagónicas porque necesariamente no pudieron dejar de serlo, chocaron desde los albores mismos de la independencia: La Argentina para pocos y la Argentina para todos. La Argentina como entelequia expresada en generosas abstracciones y la Argentina real y viva que estaba en los hombres y las cosas de la tierra. Aquella, una factoría de intereses materiales. Esta, una Patria que era por sobre todo un vínculo espiritual.” (José María Rosa)
Como parte de los problemas fundamentales de la Argentina, la CUESTIÓN DE LA ENERGÍA no escapa a esta cruzada histórica entre el proyecto “puerto-céntrico” mitrista y el modelo de desarrollo e inclusión social del Campo Nacional Popular. En ella se reproducen los mismos intereses en disputa que describe el querido historiador revisionista. Comprender el núcleo de esta disputa y su reproducción en cada campo estratégico del Ser Nación, nos ayudará a pensar una contraofensiva contundente, siempre en clave nacional, para demostrar, como decía el gran Germán Abdala, que «el Campo Nacional y Popular tiene un país para ofrecerle a esta sociedad».
Por último, señalar que la avanzada de la oligarquía en la perdida de nuestra Soberanía Energética se debe, en gran parte, a que nuestro gobierno no avanzó en términos normativos hacia una nueva estructura legal-soberana en materia energética. Estudiar los postulados del rico material normativo de la primera década de gobierno justicialista (45′-55′) y los planes quinquenales en lo que respecta al sector será menester para poder articular nuevas formas de poder en el futuro. Los costos de una nueva arquitectura energética son muchos, y los riesgos dependerán del grado de correlación de fuerzas que tengamos a la hora de hacerlo. Pero la necesidad de salir de las estructuras mercantilistas que hoy rigen en términos legales al sector energético no es una necesidad, sino un deber de nuestro movimiento. La defensa de la energía como herramienta de liberación nacional -tal era su significado para el intelectual de F.O.R.J.A., Jorge del Río- requiere de compromiso patriótico y decisión política de la dirigencia Nacional Popular que retomará en el futuro los destinos de la Patria.
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